Autora: Shivani López Wadke. Estudiante de Relaciones Internacionales.
RESUMEN
La corrupción es considerada una amenaza para el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible, una amenaza especialmente presente en los Estados de África y Asia – Pacífico. Los datos demuestran que se trata de un elemento peligrosamente normalizado en la vida diaria de estas regiones.
ABSTRACT
Corruption is considered a threat to the Rule of Law and sustainable development, a threat particularly present in African and Asia-Pacific states. Evidence shows that it is a dangerously normalized element of daily life in these regions.
La corrupción es, según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las sociedades, ya que socava los valores de la democracia, la ética y la justicia, y compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. En 2015 se incluyó la lucha contra la corrupción en el ODS 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, objetivo particularmente relativo a la paz, justicia e instituciones sólidas. Si bien es cierto que no hay una definición universal de ‘corrupción’, aunque se considera un acto corrupto como aquel que implica el abuso del poder otorgado para fines privados, como el soborno, el clientelismo [1] o la malversación [2], incluyendo actos legales como las prácticas de los grupos de presión [3], el cabildeo [4] y el patrocinio (llamado enchufe).
Los datos expuestos por la ONG Transparencia Internacional (IT) demuestran la gravedad de la situación respecto a la corrupción en los países africanos y pacífico-asiáticos. En este sentido, IT elabora el Índice de Percepción de la Corrupción a partir de una amplia gama de indicadores y la participación de expertos, el cual en 2018 estableció en sendos continentes los índices más negativos, dando a entender una grave presencia de corrupción. Por un lado, en el continente africano destacaba Somalia, seguido de Sudán del Sur con un índice no mucho mejor. Por otro lado, destacaban negativamente Siria seguida de Corea del Norte y Yemen como los países más afectados por la corrupción.
El análisis de cada región también se basó en los Barómetros Globales sobre Corrupción realizados sobre cada región entre 2016 y 2018 (África), y 2015 y 2017 (Asia y Pacífico). Dicho estudio se realizó a partir de unas encuestas sobre la materia realizadas a la población entre esos periodos. Desde una perspectiva continental, el 55% de la población africana creyó que la corrupción había aumentado en sus Estados en el último año, mientras que el 23% pensó que se había reducido. En el caso de los países asiáticos y pacíficos, un 40% de la población encuestada dijo que los niveles de corrupción habían empeorado en el último año mientras que un 22% creyó que han mejorado. Destaca el caso de China, donde un 73% de la población encuestada contestó que la situación había empeorado, de manera similar al 85% de la República Democrática del Congo, siendo los países peor valorados.
En cuanto a la acción del gobierno contra la corrupción, la situación es similar. El 59% de africanos piensa que sus gobiernos no habían actuado eficazmente o no habían tomado medidas contra la corrupción, mientras que un 50% de la población pacífico-asiática encuestada expresó que su gobierno estaba realizando una acción ineficiente o nula, dejando porcentajes variados nacionalmente.
En referencia a la relación entre las instituciones públicas y la corrupción, casi un 50% de la población africana encuestada consideró la policía como la institución pública más corrupta, un dato que se mantiene desde 2015 y que coincide con la opinión del 39% de la población pacifico-asiática encuestada. A la policía le siguen los agentes gubernamentales y los miembros del Parlamento como las instituciones peor valoradas. En contraste con esto último, la población encuestada en ambas regiones tenía una percepción bastante positiva de las figuras e instituciones religiosas y de las organizaciones no gubernamentales, aunque sigue habiendo un porcentaje entre el 16% y el 20% que consideró que también son corruptas.
Una de las actividades delictivas más comunes que engloba la corrupción es el soborno. El Barómetro Global de Corrupción creado por TI tiene en cuenta el soborno en los siguientes servicios públicos: educación, sistema judicial, servicios de salud y medicina, policía, servicios de registro y obtención de permisos, servicios públicos de gas, luz o agua, hacienda y administración de propiedad de terrenos. Tanto en la encuesta realizada en África como en el caso de Asia y Pacífico se preguntó a un segmento de población si habían tenido que pagar algún soborno, o en su lugar, realizar cualquier favor o acción de esta índole para poder acceder al servicio en cuestión. En ambos casos los resultados son alarmantes en cuanto a la integridad de estas instituciones. Según los datos de 2017, el soborno es una práctica muy común en ambas regiones, especialmente en India, Liberia y Vietnam. En África los resultados mostraron que en ese periodo 130 millones de personas tuvieron que sobornar a alguna institución a cambio de algún servicio. En la región asiática la situación es más grave puesto que, a pesar de que el porcentaje sea de un 28% de los encuestados, la cifra asciende a 900 millones de ciudadanos de dieciséis países de la región.
En sendas regiones del planeta, la policía es la institución más sobornada, mientras que los porcentajes de población que tuvo que sobornar para la obtención de permisos y documentos de identidad, escuelas, servicios básicos y sanidad se mantienen entre el 20 y el 23%. Al caso de Asia-Pacífico se le añade un 23% de la población encuestada que afirma haber tenido que sobornar a alguna institución judicial.
Tanto el Informe sobre África como el de Asia-Pacífico indican que una de las razones es que la población rica o pudiente tiene los medios y la capacidad para negarse e incluso acceder a otros servicios privados, mientras que los pobres no tienen ese poder y pagar el soborno suele ser la única vía para acceder al servicio. La situación cambia en Vietnam, Myanmar o China, donde las personas ricas son las que más se enfrentan a los sobornos. El Informe correspondiente señala que una de las posibles razones de esta tendencia es que la población adinerada pueda permitirse estos sobornos y los aceptan como una solución rápida.
Para iluminar este ámbito encontramos otro estudio realizado por el Banco Mundial sobre la incidencia de peticiones de soborno por parte de instituciones públicas a empresas privadas. A pesar de que los datos accesibles son de 2013 no dejan de ser aclaradores. Entre un 60% y un 70% de las empresas en Siria, Yemen, Camboya, Libera y Guinea fueron objeto de esta actividad al tratar con servicios de acceso, permisos e impuestos ente otros. En palabras de la Presidenta de TI, Delia Ferreira Rubio, “la corrupción en el sector público no existe por sí sola. Los sobornos procedentes del extranjero y el blanqueamiento de dinero alejan los recursos de los servicios públicos, y los ciudadanos ordinarios son los que más sufren [las consecuencias].”
En definitiva, la corrupción es una amenaza para las sociedades, ya que afecta negativamente al desarrollo económico y sostenible de los Estados. Las prácticas corruptas afectan a las metas del ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructuras pues el capital se pierde en fondos privados, de igual manera que causa un empeoramiento de la prosperidad económica (ODS 8) afectando a la competencia justa y leal, y provocando una reducción de las inversiones.
Así mismo, afecta al aseguramiento de la salud y la promoción del bienestar contenido en el ODS 3 debido a que las instituciones corruptas dificultan el acceso de la ciudadanía a los servicios básicos mencionados. Además, dificulta y amenaza la protección del medio ambiente y los ecosistemas (ODS 13, 14 y 15) al facilitar la impunidad de las acciones contra éstos y el tráfico de fauna y flora.
Como último ejemplo de muchos, la corrupción facilita el tráfico ilegal de cualquier índole, tal y como recoge la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
A pesar de estos desfavorables datos, una gran parte de la población encuestada cree en la acción de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, aunque, por otro lado, la mayoría de las personas no ha denunciado acciones corruptas por miedo a posibles repercusiones.
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21 de abril de 2021
ISSN 2340 – 2482
BIBLIOGRAFÍA
[1] Práctica política de obtención y mantenimiento del poder asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios. (Real Academia Española, 2020)
[2] Delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo. (Real Academia Española, 2020)
[3] Conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social. (Real Academia Española, 2020)
[4] Hacer gestiones con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación. (Real Academia Española, 2020)
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