En este episodio sumérgete en la compleja realidad política del país. Desde la muerte de Aleksei Navalni hasta las próximas elecciones presidenciales, exploramos los desafíos que enfrentan los opositores en Rusia.

El pasado 16 de febrero murió Aleksei Navalni, uno de los principales opositores del gobierno de Vladimir Putin que había sido condenado en diversas ocasiones, sometido a un intento de envenenamiento y encarcelado en Siberia donde finalmente murió.

Esta reciente muerte ha vuelto a poner el foco en Rusia y los riesgos a los que se enfrentan los disidentes en este país. Sin embargo, este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de represión y control político en el país. Desde artistas o cantantes, hasta periodistas y, evidentemente, políticos. Todos aquellos que han criticado alguna de las acciones de Putin o que defienden valores contrarios a los promulgados por el Kremlin.
Rusia comenzó a utilizar la etiqueta de “agentes extranjeros” para identificar a personas y organizaciones que se considera que realizan actividades políticas con financiación o apoyo extranjero. Debido al estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia en 2022 , el control y la represión aumentó para contrarrestar con la oposición a la guerra. Resultado de ello, se endurecieron las leyes y se tipificaron otras nuevas. Un ejemplo es el delito de “calumnia” que agrava las penas de cárcel por «desacreditar» a militares y voluntarios que luchan junto a las Fuerzas Armadas o al sistema judicial ruso. Además, la ley modifica el Código Penal ruso para incluir una pena máxima de siete años de cárcel por tales acciones y una pena adicional de hasta 15 años por difundir noticias falsas sobre los voluntarios. También introduce una «responsabilidad administrativa» con multas de aproximadamente 6.000 euros por difamación contra estos voluntarios.
En esta línea, también se ha aprobado otra ley que permite a las autoridades confiscar dinero y otros bienes de personas condenadas por difundir noticias consideradas falsas sobre el ejército, a quienes pidan sanciones económicas contra Rusia o a quienes critiquen la invasión de Ucrania.
Desde que Vladímir Putin llegó al gobierno, ha ido restringiendo progresivamente los derechos civiles básicos, incluidos el derecho de asociación, la libertad de religión, los derechos LGTBI y los derechos de los refugiados y migrantes. Amnistía Internacional ha documentado casos de juicios injustos, desapariciones forzadas y torturas en las cárceles rusas, lo que pone en entredicho el respeto a los derechos humanos en el país.
Entre los días 15 y el 17 de marzo de 2024 tendrán lugar las elecciones presidenciales rusas. A pesar de las pequeñas muestras de oposición surgidas tras el inicio de la Guerra en Ucrania, la mayoría de los rusos aún apoyan firmemente a Putin. Este respaldo, en parte, se debe al constante mensaje antioccidental que permea la sociedad, alimentando la percepción de una supuesta amenaza exterior que solo el Estado puede contener.
Por parte de la comunidad internacional, estas elecciones se perciben como una mera formalidad para mantener la apariencia de democracia, y denuncian las pocas garantías democráticas que existen. Aunque formalmente se permite la participación de candidatos opositores, algunos de estos candidatos, aquellos que suponían un mayor riesgo, han encontrado obstáculos administrativos que han frustrado sus intentos de presentarse, lo que evidencia una dinámica en la que las elecciones funcionan más como una apariencia que como una genuina manifestación de la voluntad popular.
Ante esta situación, muchos Estados y organizaciones internacionales se han movilizado para evitar que se sigan perpetrando estas acciones. La Unión Europea, en particular, ha condenado la muerte del opositor Alexei Navalni y ha instado a sus estados miembros a respaldar a la oposición democrática rusa. Asimismo, ha llamado a la sociedad civil rusa a manifestarse en contra del régimen de Putin. Además de condenas verbales, la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, han impuesto sanciones a Rusia por su intervención en Ucrania, pero también por el funcionamiento de su administración. Estas acciones se aplican con la intención de presionar al gobierno ruso para que respete los principios democráticos y los derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, estas medidas han tenido un impacto limitado en el régimen de Putin, que sigue manteniendo un control firme sobre el país.

Referencias

Amnistía Internacional. (s. f.). Los derechos humanos en Rusia. https://www.amnesty.org/es/location/europe-and-central-asia/russia/report-russia/

Barruti, S. (2024, 5 marzo). Rusia elige presidente: ¿hay democracia? ¿Cómo funciona? CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2024/02/25/rusia-eleccion-presidente-democracia-como-funciona-trax/

Bonet, P., Bonet, P., & Bonet, P. (2012, 13 julio). La Duma rusa aprueba leyes preventivas contra la oposición liberal. El País. https://elpais.com/internacional/2012/07/13/actualidad/1342201024_489817.html

Redacción. (2024, 8 febrero). La comisión electoral de Rusia rechaza la candidatura de Boris Nadezhdin, el principal oponente de Putin. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/cv2vnk3nmeno

Rusia adopta nueva ley sobre «agentes extranjeros» para apuntar a opositores locales. (2022, 29 junio). Euronews. https://es.euronews.com/2022/06/29/rusia-agentes

Sanz, J. A. (2024, 4 marzo). La guerra de Ucrania apuntala a Putin en el poder y garantiza su victoria en las elecciones presidenciales rusas. Público. https://www.publico.es/internacional/guerra-ucrania-apuntala-putin-garantiza-victoria-elecciones-presidenciales-rusas.html