Autra: Natalia Sette Hernández. Estudiante de Relaciones Internacionales y Periodismo.
RESUMEN
En noviembre de 2020, Abiy Ahmed Ali, primer ministro de etiopía y ganador de un Nobel de la Paz en 2019 declaraba la guerra en su país. Comenzaba así un conflicto entre el Ejército central y el Frente de Liberación del Pueblo Tigray que un año más tarde sigue vigente. Las intenciones de alto el fuego son pocas y mientras tanto miles de personas han fallecido y otras han tenido que dejar sus hogares y desplazarse a otra región e incluso a otro país.
ABSTRACT
In November 2020, Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of Ethiopia and winner of a Nobel Peace Prize in 2019, declared war on his country. Thus began a conflict between the central army and the Tigray People’s Liberation Front, which one year later is still ongoing. The ceasefire intentions are few and meanwhile thousands of people have died and others have had to leave their homes and move to another region and even to another country.
En 2019, Abiy Ahmed Ali ganaba el Premio Nobel de la Paz por, según el comité, «haber logrado la paz y la cooperación internacional y en particular por su iniciativa decisiva para resolver el conflicto con la vecina Eritrea». Sin embargo, un año después de ser galardonado, declaraba la guerra en su país: El Gobierno central contra el Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF -siglas en inglés-).
Abiy Ahmed Ali es nombrado Primer Ministro en 2018 tras un periodo de tensiones provocado por el Frente de Liberación y el duro mandato que habían ejercido contra su pueblo. Una de las primeras decisiones que Abiy tomó fue desplazar al TPLF del centro decisional de la coalición gobernante del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE), coalición única al mando del poder central desde 1991, haciendo así que perdiera poder político. El primer ministro tildó esta iniciativa de reformista, sin embargo, consistió enteramente en el apartamiento de altos funcionarios tigrayanos de áreas estratégicas del estado como el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS), la Fuerza Aérea o la sustitución del jefe mayor de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (FDNE). Básicamente reemplazó a todos los altos funcionarios de la cúpula de seguridad del estado, considerado el terreno fuerte del TPLF.
A finales de 2019, Ahmed llevó a cabo una fusión de la histórica coalición gobernante FDRPE, en un nuevo partido político pan-etíope, el “Partido de la Prosperidad” (PP). Los líderes del TPLF se negaron a integrarse, en parte por el temor de que la fusión diluyera la autonomía política de Tigray, y lanzaron un fallido intento de unir a las fuerzas de oposición bajo una nueva coalición federalista. Después de este fracaso, los líderes de Tigray se retiraron al sector montañoso en el norte de la región, donde siguieron controlando su propio gobierno regional.
Aunque las tensiones eran evidentes, no fue hasta septiembre de 2020 que saltaron las alarmas. Los tigrayanos desafiaron a Abiy al seguir adelante con las elecciones parlamentarias regionales que él había pospuesto debido a la pandemia del Coronavirus. Abiy calificó la votación de ilegal y los legisladores cortaron la financiación a los dirigentes del TPLF, en consecuencia, el TPLF declaró que no reconocería a la administración de Abiy después de que expirara su mandato original el 5 de octubre de 2020. El TPLF afirmó que con el corte de financiación el gobierno central estaba expulsando a Tigray de la federación y que la falta de la transferencia presupuestaria sería considerada como equivalente a una declaración de guerra. Así fue.
El 4 de noviembre de 2020 las fuerzas de Tigray atacaron una base militar nacional del oeste de la región y secuestraron artillería pesada. Como respuesta. El Primer Ministro ordenó un asalto militar contra el grupo, enviando tropas nacionales y combatientes de la región vecina de Amhara, junto con soldados de Eritrea. El 5 de noviembre, el parlamento votó a favor de un estado de emergencia de seis meses en Tigray. Un año más tarde el conflicto sigue vigente.
Las ofensivas por parte de ambos bandos han sido varias, obteniendo diversas victorias pero nunca una definitiva que pusiera fin al conflicto. Aunque las fuerzas armadas del ejecutivo de Etiopía superan a las de Tigray, el TPLF ha ido ganando posiciones en las zonas rurales, apoyados por la población local, deseosa de una autonomía plena de la región.
El gobierno de Etiopía declaró un alto el fuego unilateral en junio de este año, cuando las fuerzas de Tigray recuperaron la capital regional, Mekelle (en poder del poder regional central desde los primeros momentos de conflicto). El Frente de Liberación para el Pueblo Tigray, sin embargo, descartó una posible tregua. Los combates se han extendido más allá de las fronteras de Tigray a las regiones vecinas de Amhara y Afar.
Etiopía volvió a anunciar un estado de emergencia en todo el país el 2 de noviembre, días después de que el TPLF afirmara haber capturado dos ciudades clave en Ahmara. Su rápido avance ha hecho temer a los dirigentes etíopes que las fuerzas de Tigray puedan amenazar pronto la propia capital. El primer ministro Abiy instó a los ciudadanos a tomar las armas y luchar contra el TPLF.
Una cosa está clara, y es que ambos bandos han cometido atrocidades y es por ello que el conflicto se ha abierto de nuevo paso en los periódicos de todo el mundo. Se está produciendo la mayor crisis migratoria del país en décadas. Familias que huyen de un conflicto que les arrebata las tierras y el trabajo y los deja desamparados y sin poder sustentar a sus hijos. La inaccesibilidad a información y reportes de medios de comunicación debido al blackout total establecido por el gobierno federal en la región con el objetivo de encubrir y controlar la narrativa del conflicto dejaron al descubierto de manera tardía y progresiva las condiciones reales de violencia extrema que se atraviesan en el territorio.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía divulgado el 3 de noviembre, todas las partes en conflicto han cometido acciones que pueden constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. Naciones Unidas estima que unos 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el país. Hasta la fecha, dos millones de personas han sido desplazadas internamente en Tigray y al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, según datos oficiales. Además, según el Programa Mundial de Alimentos, casi siete millones, es decir, el 90% de la población de Tigray afronta una «crisis de hambre» por la guerra. Se sabe que más de mil personas han sufrido violencia sexual y más de 60.000 han perdido la vida en un conflicto que parece que no tener fin.
1 de diciembre de 2021
ISSN 2340 – 2482
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