Autora: Patricia Simonneau Robledo. Estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales.

RESUMEN

El Estado de Derecho que regula de forma eficaz las relaciones entre ciudadanos y Estados evita abusos de poder de uno y otro lado. La falta de imperio de la ley y de una institucionalidad efectiva en Suramérica tiene mucho que ver con la crisis que atraviesa la región en la actualidad.

En este trabajo se pretende analizar cómo la falta de instituciones capaces de hacer cumplir la ley, y establecer por tanto un Estado de Derecho, es una de las causas de crisis de la región, siendo la población la parte más perjudicada por esta falta de institucionalidad.

ABSTRACT

The rule of law which effectively regulates relations between citizens and States prevents abuses of power on both sides. The lack of the rule of law and effective institutionalism in South America has much to do with the current crisis of this region.

This paper aims to analyze how the lack of institutions capable of enforcing the law, and thus establishing the rule of law, is one of the causes of crisis in the region, with the population being the hardest hit by this lack of institutionalism.

El imperio de la ley puede definirse como la superioridad de la ley frente a voluntades particulares, y a la configuración de la ley como único medio para regular la sociedad y sus relaciones (Alda, 2015). Así, podemos distinguir entre el “imperio de la ley” y el “imperio del hombre”.

El imperio de la ley restringe tanto las acciones de los gobernantes como las de los ciudadanos. De esta forma, es la ley, y no las decisiones individuales, la que impera por encima de todo, actuando como garantía frente a abusos y desigualdades. Esto implica que las normas sean aplicadas a todos los ciudadanos sin excepción alguna, y que para conseguirlo estas mismas establezcan sistemas de control que permitan garantizar la funcionalidad del sistema.

Pues bien, el Estado de Derecho es aquel Estado donde reina el imperio de la ley. No solo donde hay ley, sino donde ésta es vigente y un medio eficaz contra los abusos de poder, y donde su violación conlleva una serie de sanciones (Sánchez, 2018).

El World Justice Project, organización internacional dedicada a la promoción del imperio de la ley en el mundo, establece cuatro principios fundamentales del imperio de la ley muy ligados con la definición previamente proporcionada de Estado de Derecho. Estos cuatro principios son: rendición de cuentas; leyes justas; un proceso legislativo público de tal forma que se pueda conocer los procesos de creación de leyes; y finalmente el acceso a tribunales imparciales para la resolución de conflictos. Tribunales que deberán ser competentes, independientes y accesibles, lo que implica que tengan acceso a recursos adecuados, y estén comprometidos con la sociedad.

Dentro del ranking mundial que realiza esta organización cada año para medir la implantación del imperio de la ley, la mayor parte de los países Sur y Centroamericanos se encuentran por debajo de la puntuación de 0.50 del total de 1 punto. Dicho de otra manera, la mayor parte se encuentran a partir del puesto 70 del total de los 126 estados comparados, siendo Venezuela el Estado con peor puntuación (World Justice Project, 2019). Llegamos a la conclusión, basándonos en estos datos, de que en Suramérica no se da este imperio de la ley, o si se da y existe, es de forma muy débil y por lo tanto no podemos hablar de la existencia de un Estado de Derecho en la región, con algunas excepciones. Por ello, Latinoamérica se define como un conjunto de Estados débiles, puesto que carecen de autoridad para imponer la legalidad ni a todos sus ciudadanos, ni en todo su territorio (Alda, 2015).

Instituciones como garantes del Estado de Derecho

La experiencia histórica ha demostrado que el Estado de Derecho del que venimos hablando, depende de forma decisiva de las instituciones. No podemos hablar de Estados democráticos sin instituciones estables que garanticen la separación de poderes, así como mecanismos fiscales de redistribución, mecanismos de control e instituciones sancionadoras, entre otras (Rivera, 2018).

En América Latina existen instituciones, sin embargo, no son efectivas ni han garantizado el imperio de la ley. Son débiles, y por tanto hacen débil al Estado. A la región le faltan instituciones que sustituyan de forma efectiva las relaciones clientelares y los lazos personales y sociales que se superponen por encima de la ley permitiendo la corrupción.

Por tanto, las instituciones Latinoamericanas no son garantistas, aunque tampoco debemos ni podemos pensar que son totalmente ineficaces, pues sí tienen al menos un cierto nivel de cumplimiento (en caso contrario hablaríamos de Estados fallidos, y este fenómeno no se da en la región) (Alda, 2015). Cuando decimos que estas instituciones no son garantistas, nos referimos a que no son garantistas de equidad, de los principios que gobiernan el Estado de Derecho. Esta debilidad permite que el sistema institucional y legal pueda ser usado para el beneficio particular de determinados sectores, normalmente las élites. Tales élites pueden decidir no cumplir la ley, negociarla o simplemente ignorarla, generando así una excepción en su aplicación (Alda, 2015). Observamos pues la existencia de los que podemos decir son dos estados que existen de forma paralela: el Estado legal, con sus normas e instituciones, y el Estado clientelar, solo accesible para un grupo de privilegiados económicos o sociales, a quienes este Estado legal no se aplica (Walkmann, 2006).

«Vacas gordas» y el surgimiento de la clase media en los Estados suramericanos

Para el objeto de este trabajo entendemos ‘clase media’ como aquellos individuos cuyos ingresos se encuentran en la sección media del total de ingresos nacionales (Pressman, 2011). Podemos observar en la región latinoamericana que alrededor de 1990 comienza una expansión del empleo no manual, y además un crecimiento en el consumo de los hogares. Con un crecimiento absoluto del producto interior bruto (PIB) por habitante en la mayor parte de los países suramericanos, se produce un incremento del ingreso y por lo tanto también del consumo, sobre todo por parte de las clases medias bajas (Franco, Hopenhayn & León, 2011).

La clase media y el pacto fiscal

La importancia de la creación de esta clase media es importante por varios motivos. Es un indicativo de estabilidad sociopolítica, de incremento de democracia, así como de desarrollo económico (Avanzini, 2012). Un mayor desarrollo que se alcanza también por una mejor distribución de los ingresos. Sin embargo, este no ha sido el caso en América Latina donde las políticas fiscales y sociales se han centrado en la ayuda a los pobres, pero no en la redistribución de la riqueza generada por el florecimiento económico. (Avanzini, 2012).

El pacto fiscal en América Latina es un reflejo de la debilidad de las instituciones, incapaces de hacer cumplir el imperio de la ley. Ello se puede ver en la falta de ayudas fiscales a la clase media que, en tiempos de crisis económica, no ha encontrado un colchón protector en el Estado. Un Estado que no ha desarrollado políticas fiscales y públicas de ayuda en preparación para tiempos de “vacas flacas” (Avanzini, 2012).

En el año 2008, con el inicio de la crisis económica mundial, los niveles intermedios de renta de los países suramericanos se llevaban el 50% del total de ingresos nacionales, mientras que el 10% más rico de la sociedad se llevaba el 35%. Esto es un perfecto resumen de las diferencias producidas en la distribución del ingreso y apropiación del desarrollo económico por las élites latinoamericanas (Avanzini, 2012). El papel del Estado en la región ha ido paulatinamente reduciéndose en la provisión de bienes y servicios públicos, que por lo tanto tienen que afrontar los consumidores. Por ello se ha constatado que América Latina es la región más desigual del mundo, aunque no la más pobre.

Por otro lado, las élites latinoamericanas influyen en la elaboración de las políticas públicas, normalmente mediante la contribución a campañas o la creación de lobbies que generan influencia en las instituciones de tal forma que las políticas les favorezcan (Avanzini, 2012). Estas relaciones clientelares impiden en muchas ocasiones el cambio político hacia políticas más igualitarias y de favorecimiento a la clase media, en beneficio de políticas que siguen situando a las élites en el poder.

Vemos que se da, como hablábamos en un principio, ese doble Estado: por un lado el Estado institucional o legal y por otro lado el Estado clientelar, de relaciones de poder y donde las relaciones entre particulares se superponen a los principios de igualdad que deberían regir el sistema legal del Estado.

Conclusiones

La debilidad institucional y la falta de imperio de la ley ha generado en los últimos años una situación de descontento en la región, que se ha manifestado en continuas protestas por parte de los ciudadanos. Esto se debe en gran medida a la falta de un Estado que ante una crisis, en este caso económica, no es capaz de asegurar en América Latina unas garantías mínimas a la clase media, generada en las últimas décadas debido al florecimiento económico en la región. Las crisis que han surgido en los últimos años son un producto de una clase media cansada de ser olvidada por el Estado.

Si los Estados Latinoamericanos no garantizan el imperio de la ley, es decir, una situación en la que la voluntad de los individuos y las relaciones entre ellos no se superponga por encima de las leyes, y si no generan instituciones fuertes que promuevan un reparto equitativo de los ingresos nacionales, así como la elaboración de políticas públicas de protección a la clase media, entonces no acabará la desigualdad en la región.

Mientras esto no cambie, América Latina seguirá siendo una de las regiones más desiguales del mundo, y por ello, una región al igual que sus Estados, débil.

20 de mayo de 2020

ISSN 2340 – 2482

Palabras clave: imperio de la ley, debilidad institucional, América Latina, Estado de Derecho, clase media

Key words: rule of law, institutional weakness, Latin America, state ruled by the law, middle class

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